Crecen los reclamos de usuarios a Movistar
Tras casi dos meses del robo de un cable principal de telefonía en una cámara subterránea, más de 600 usuarios de telefonía fija e internet en Areco continúan sin servicio. La empresa aún no ofrece una solución concreta y siguen cobrando los abonos.
El hecho ocurrió en marzo, cuando delincuentes sustrajeron el cable principal de una red subterránea, afectando a cientos de usuarios que perdieron acceso tanto a la telefonía fija como al servicio de internet Speedy. A la fecha, más de 680 abonados continúan sin conectividad, mientras la empresa Movistar sigue facturando los abonos normalmente.
Francisco Lobos, delegado local de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, informó que la entidad ya recibió más de 20 reclamos vinculados a esta situación. Según manifestó, en algunos casos los propios representantes de la empresa reconocen no tener certeza sobre cuándo podrá resolverse el inconveniente, mencionando que podría tardar más de seis meses.
Ante este panorama, muchas personas optaron por solicitar la baja del servicio, aunque el trámite, según Francisco Lobos, es bastante engorroso. Sin embargo, no todos los usuarios están dispuestos a resignarse. “Hay muchos vecinos, sobre todo la gente más grande, que está muy acostumbrada al uso del teléfono fijo y no quieren darle baja, quieren continuar con el servicio”, subrayó. “Ahí es donde nosotros iniciamos el reclamo, pero en esos casos todavía no hemos tenido la respuesta formal de parte de la empresa” señaló.
Uno de los puntos más críticos que destaca el delegado es que, mientras no hay solución, los cargos continúan apareciendo en las facturas. Además, relató que en los casos en que los usuarios solicitan la devolución de lo pagado por servicios no prestados, la empresa exige que se acerquen personalmente a una sucursal.
“Desde la empresa en muchos casos te piden que se acerquen a una sucursal de Movistar para que se le reintegre ese dinero, y como sabemos, la más cercana es a más de 60 kilómetros en Pilar, por lo cual lo que se podría recuperar es lo que se termina gastando en combustible”, denunció.
Frente a la falta de respuestas de la empresa, desde la Defensoría del Pueblo recomiendan que los usuarios se acerquen simultáneamente a la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), ya que ese organismo posee “poder de policía” para aplicar multas, algo que la Defensoría provincial no puede hacer. “Yo siempre hago la sugerencia de que esta es una oficina provincial y el OMIC es municipal, pero no son incompatibles, por lo que pueden generar el expediente o una queja acá, como también allá y atacar de alguna manera a la empresa en el buen sentido para que haya una respuesta desde ambos organismos”, aclaró Francisco Lobos.
Ante la falta de respuesta empresarial, los usuarios enfrentan hoy un dilema: aceptar la baja del servicio, perdiendo así líneas que en muchos casos han tenido por décadas, o seguir esperando una restitución que, según admiten desde la propia empresa, podría demorar entre seis meses y un año.